Si recorremos los Sermones antonianos notaremos con sorpresa que San Antonio habla muy poco de las leyes humanas. Saca a la luz la insuficiencia y la ambigüedad, manifestando un concepto bastante negativo de la jurisprudencia de su tiempo, tanto en la forma del saber institucional, pero todavía más, en la profesión jurídica en general, como ilustraremos más adelante. Antonio revela en esta obra una cierta desconfianza en la organización política ciudadana y un pesimismo todavía mayor respecto a la administración de la justicia en los tribunales, donde observa "intrigas de los poderosos contra los miserables, crueles sentencias contra los pobres, que derraman lágrimas inocentes y de lso que no tienen a nadie que los apoye".

Es esta prepotencia de los fuertes, este desprecio hacia los pobres y su sufrimiento, que hacen enfurecer a nuestro Santo. La astucia de los abogados hace degenerar el derecho, que de instrumento de protección al servicio de la persona y de sus imprescriptibles derechos se lleva fácilmente hacia fines egoístas e intereses privados. La única ley en la que Antonio cree plenamente es la ley divina: la ley impresa en la naturaleza humana por el Creador y aquella formulada positivamente desde el principio en la revelación del decálogo, llevada después hasta su cumplimiento en su última perfección por Cristo en el sermón de la montaña. A sus ojos, sólo ésta es la norma fundamental de la práctica, capaz de llevar al hombre a la verdadera justicia. El derecho y toda la legislación civil y canónica pueden, sin duda, tener un gran valor, en cuanto ordenando las relaciones sociales y eclesiales son un medio que ayuda a vivir la ley divina, facilitando la práctica de la justicia evangélica. San Antonio, sin embargo, observa con pesar que en la Iglesia y en la sociedad de su tiempo la jurisprudencia ha adquirido una relevancia y un primado mortíferos respecto a la pura ley del Evangelio, de una auténtica vida de piedad y de caridad que tendría que animar a la societas christiana. "En las curias de los obispos resuena la ley de Justiniano, no la de Cristo; aquellos impíos explican leyendas, no tu ley, oh Señor, que ahora es derrelicta y odiada". De dicho predominio "adultero" del derecho en el corazón mismo de la Iglesia, en las sedes más cualificadas de las instituciones eclesiástica y pastoral, Antonio detecta con doloroso asombro el trastorno valorativo y jurídico que se deriva de la praxis eclesiástica, por lo tanto si un pastor de la Iglesia comete una infracción contra algún decreto de los papas es acusado inmediatamente, conducido a un tribunal, declarado culpable y destituido; "si en cambio comete algo grave contra el Evangelio de Cristo, que debe observar por encima de todas las cosas, no hay nadie que lo acuse, nadie que lo amoneste".

Con la libertad crítica del profeta, el secuaz de Francisco reprocha más ásperamente a los monjes y a los religiosos, que no son menos que los prelados en eludir la ley del Evangelio en nombre de sus constituciones y tradiciones monásticas, siguiendo los propios intereses mundanos, pasajeros y vacíos.
Los encuentras por todas partes, apunta él, en las ferias, en los mercados, ocupados en vender y en comprar, en estipular contratos y en pelearse en los tribunales, pagando a testimonios, abogados civiles y canónicos para defender bienes perecederos y vanos. ¡Decidme, oh necios, exclama el Santo con indignada ironía, si en la Biblia o en las reglas de San Benito o de San Agustín se permite algo parecido, sobre todo vosotros que habéis elegido la vía de la perfección por la que tendríais que amar a los enemigos, hacer el bien también a los perseguidores, cediendo vuestros propios derechos! Éstos se demuestran puntillosamente atentos y exigentes respecto a los privilegios y las facilidades materiales previstas en sus constituciones, pero no se preocupan para nada de observar la ley de Cristo, que ha de preferirse ante todas las reglas, instituciones, tradiciones y otras invenciones de los hombres, porque es la única que nos puede salvar.